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La Desigualdad como principal diagnóstico a la problemática del Sistema de Salud Chileno

Escrito por Alonso García MezaEstudiante de quinto año de Ing. Civil en Minas de USACH Coordinador Regional RM Vive tus Parques INJUV-CONAF.

Artículo escrito para cierre del Proyecto FUDESO Curso ODS 2018 – Chile.

Garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos
Tener como plan de acción la agenda 2030, en base a los objetivos de desarrollo sostenible, no tiene una misión más clara que la de proteger el planeta y garantizar la paz y prosperidad para las personas.

Así, cuando hablamos de desarrollo sostenible, se habla de “la satisfacción de las necesidades de la generación presente sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras para satisfacer sus propias necesidades” (CMMAD, 1987). La suma de todos los objetivos efectivamente asegura la conservación del planeta tierra en su totalidad; pero si bien la suma de las partes es el objetivo final, el análisis de cada una de ellas es igual de importante y uno de los principales focos de preocupación son las personas. El bienestar de los seres humanos abarca un sinfín de necesidades, pero el propósito de este escrito es el de desarrollar aquello que se centra en la salud de las personas.

El objetivo que busca asegurar la vida sana de las personas es el número 3 y se centra en reducir las tasas de mortalidad de las diferentes fuentes de enfermedad y accidentes, abarcando a todas las personas y todas las edades, además de asegurar el acceso universal e igualitario a servicios de salud de calidad.

Este objetivo cuenta con 13 metas, las cuales poseen distintas causas y metodologías de medición, donde Chile se adscribe a todas ellas según la metodología internacional (exceptuando 1 medida la cual aplica metodología nacional).

Particularmente, Chile tiene buenos estándares en calidad en sus servicios de salud cumpliendo, con creces algunas de las metas, así como en las tasas de mortalidad materna, neonatal y niños menores de 5 años, pero por otra parte exhibe graves problemas. Estas dificultades presentan un síntoma en común y es la desigualdad en el acceso, donde diferentes ingresos económicos equivalen a diferentes sistemas de previsión de salud (privado o público), diferencias en la calidad de atención y tiempos de espera por la misma y finalmente, diferencias en calidad de vida y oportunidades de supervivencia, las cuales serán más altas en la medida que aumente el ingreso al final de mes. Más aún, se agrava el conflicto si es que la persona vive lejos de la capital y todavía más si se aleja de una capital regional, donde la cantidad de lugares de atención, el número de especialistas o el acceso a medicamentos disminuye drásticamente afectando a los más necesitados.

Diferentes síntomas reflejan el problema planteado y es por ello que se dejará en evidencia que atacar la desigualdad económica de la población, es el mejor remedio a un sistema de salud chileno enfermo y que tiene muchas deficiencias y que, al mismo tiempo, al solucionar este ámbito se estará mejorando algo mucho más allá que la salud, si no que la calidad de vida en general de la sociedad.

La salud chilena: los síntomas de la enfermedad
“El estado protege el libre e igualitario acceso a las acciones de la promoción, protección de la salud y de rehabilitación del individuo.” (Constitución Política de la República de Chile, capítulo III, artículo 19, N° 9, 1980). Sin embargo, esta premisa queda en duda al estudiar el sistema de salud nacional y a modo de análisis, se usará una persona hipotética como ejemplo: Claudia, dueña de casa de una familia de 4 integrantes, ella y sus 3 hijos; su edad aproximada es de unos 35 años y gana el sueldo mínimo (276.000 pesos).

Salas de urgencia
Si imaginamos que Claudia tiene un accidente y requiere de una hospitalización, tendrá que acudir al sistema de urgencia hospitalaria el cual, desde un comienzo, deberá enfrentar las primeras 2 barreras: ser clasificada según la gravedad del accidente (Triage) y posteriormente, tener la suerte de encontrar una cama disponible, ya que Chile cuenta con 2,12 camas por cada 1000 habitantes (OCDE, 2017).

Dependiendo el nivel de gravedad de su accidente, incluso podría llegar a esperar más de 12 horas por la atención, como sucedió en hospitales públicos el año 2015 (Emol, 2016), y en el peor de los casos podría suceder que deba ser ingresada en una silla de ruedas, como ocurrió en el hospital San José y San Juan de Dios el año 2017 (La Tercera, 2017).

Noticias de ese tipo se ven año tras año, incluso empeorando la situación en períodos de frío, donde las enfermedades respiratorias aumentan de manera significativa, llegando a producir incontables crisis a las unidades de atención. Congestión hospitalaria que tiene graves consecuencias, que llegan a ser preocupantes: tiempos de espera como mínimo de 6 horas, una permanencia en el sistema de urgencia
excesivamente larga debido a la falta de especialistas, ya que un médico general tarda más tiempo en realizar la toma de decisión, como así lo afirma el presidente del colegio médico Enrique Paris a Emol el año 2016; se añade el hecho de que usuarios se retiren de las salas de espera, incluso aquellas que necesiten hospitalización; la calidad de atención se ve completamente disminuida y con ello aumentan los errores médicos, llegando incluso a tener un aumento en la mortalidad.

Problemas como los mencionados pueden ser solucionados fácilmente, mejorando el sistema de tal forma que aumente su fluidez, al poseer un alta temprana de los pacientes internos, aumentar altas los fines de semana y poseer protocolos de capacidad máxima, entre otros. Soluciones estudiadas y aplicables sólo si se tienen los recursos necesarios para ello. Soluciones que pueden disfrutar las personas que poseen un buen plan de Isapre, donde sus ingresos económicos los recompensarán con instalaciones higiénicas, esperas cortas, especialistas a disposición y la más alta tecnología en equipos.

Lo cual hace formular la pregunta ¿es la salud un derecho o un privilegio? Es sin duda, un sistema injusto y nefasto, en donde personas como Claudia no tienen ninguna posibilidad de acceder a una mejor atención, por lo cual sus posibilidades se ven disminuidas frente a otro chileno por el sencillo hecho de no tener los recursos para pagar, atentando contra el artículo de la constitución citada, donde éste acceso a la salud no es igualitaria y mucho menos libre, teniendo que recurrir al servicio que alcance, por lo cual no queda duda alguna, que una salud digna, igualitaria y libre en Chile es un privilegio al que no muchos pueden acceder.

Respecto a esta materia y refiriéndose a los ODS, si bien los estándares de salud y la expectativa de vida en el país es considerablemente buena -en comparación con otros países-, aún deja mucho que desear en cuanto a calidad en estos servicios. Por otra parte, también se atenta contra otros objetivos como lo que es la reducción de las desigualdades (objetivo 10), donde se refleja claramente, como éstas desigualdades atentan contra las personas y sus posibilidades de tener iguales oportunidades de una vida sana y bienestar general.

Accesibilidad: lo privado versus lo público
Entrando en el detalle de estas desigualdades, Claudia se encuentra frente a un nuevo problema: el sistema de previsión salud al cual afiliarse. Debido a su ingreso y condiciones económicas, no tendrá más opción que afiliarse a Fonasa y con ello, más conflictos. Así es como entra al sistema público, un sistema colapsado como ya se mencionó, con altas horas de espera en urgencias y listas para cirugías que alcanzan meses de espera; en el caso de que Claudia tuviera más recursos económicos y evaluara la opción de pagar un monto adicional, tendría que considerar si obtener un plan básico en Isapre o simplemente afiliarse a Fonasa; por otro lado, si Claudia es diagnosticada con una enfermedad preexistente, tendrá impedimentos para cambiarse a Isapre y optar a seguros complementarios exclusivos de Isapre (si en algún momento le fuese posible) y si ya tuviese uno, podría inclusive, perder la renovación del mismo.

El detalle de estas desigualdades no es más que la profundización de los problemas que acomplejan a la mayoría de los chilenos (80% aproximadamente), y el claro ejemplo que la cobertura declarada (según metodología nacional) de 968,23 personas cada 1000 habitantes (OCDE, 2017) es más bien ficticia, ya que la atención a los pacientes es deficiente y tardía, existiendo casos de fallecimientos en salas de urgencia, además de los meses de espera por exámenes y operaciones.

En el desglose de las metas del objetivo 3, una de las premisas es la de la cobertura sanitaria universal y en particular, la protección contra riesgos financieros y acceso a servicios de salud esenciales de calidad (entre otros), área en la cual ya se ha manifestado la deficiencia y la cantidad de desafíos a superar que tiene Chile en la materia. Entonces, resulta positivo que este ámbito sea considerado como una meta a conseguir, ya que obliga y enfatiza la necesidad que tiene el país de atacar este conflicto.

Más desigualdades: diferencias de género
En este caso, a Claudia se le presenta una gran oportunidad: debido a un aumento en sus ingresos, tiene la posibilidad de afiliarse a una Isapre. El primer aspecto que enfrentará al realizar la evaluación de los planes es notar la evolución negativa que el sistema ha presentado en desmedro de la mujer a lo largo del tiempo. Claudia se da cuenta de que, por un mismo plan deberá pagar más que un hombre en sus mismas condiciones económicas y a la misma edad, tendrá un plan a mayor costo que además tiene menor cobertura; los copagos son también superiores, con un valor extra del 4,6% (Análisis Estadístico del Sistema Isapre con Enfoque de Género, superintendencia de salud, 2016); y dentro de esto, nota la diferencia más reveladora, su plan solo tendrá un precio igual o menor a la de un hombre luego de la edad de 65 años.

Con lo anterior se muestran diferencias significativas en la accesibilidad entre géneros, siendo las mujeres las mayores damnificadas. La discriminación por su género es drástica: cuando ella entra en edad fértil, es cuando se disparan los precios a diferencia del hombre, aumentan los copagos, disminuyen las coberturas y con ello se dificultan sus posibilidades para cotizar en el sistema o la posibilidad de cambiarse a planes nuevos, viéndose perjudicada su calidad de vida por estándares de salud precarios.

En materia de los ODS, el tema en cuestión atenta contra una de las principales metas del objetivo 3: la de reducir la mortalidad materna, recién nacidos y menores de 5 años, debido a la falta de acceso a una asistencia de mejor calidad que proteja la seguridad y la salud de la madre y sus hijos. Se hace claro, además, que este sistema de previsión no es más que un desgarrador caso de discriminación hacia la mujer y quebranta el objetivo 5 de igualdad de género, el cual busca poner fin a todas las formas de discriminación contra las mujeres y niñas. En cuanto a esto último, el actual gobierno, impulsará un plan que elimine esta desigualdad, aumentando la tarifa para hombres en Isapres, que si bien, posee una buena intención, es altamente cuestionable ya que las Isapres aumentaron en más de 131% sus ganancias el primer semestre del año 2017 (Tele 13, 2017), y así se vuelve al tema anterior, donde la accesibilidad al sistema de previsión ya es difícil debido a sus altos precios, por lo cual la solución planteada no es más que la eliminación un problema para intensificar otro; no proponen un plan que sea beneficioso para todas las personas, sino, para el beneficio de las empresas.

Salud sexual y reproductiva: la falta de información y educación
Frente a este ámbito, Claudia enfrenta una dificultad: debido a la cantidad de horas que debe trabajar para mantener su hogar, la crianza de sus hijos no es como la que desearía y es el colegio el cual pasará a suplir el rol de formación, sin embargo, hay un área que no fue materia obligatoria de enseñanza recién hasta 2010, siendo el último país en implementarla: la educación sexual. A pesar de la existencia de la obligatoriedad, esta enseñanza en general no es siempre efectiva por lo cual los hijos de Claudia probablemente no tendrán la preparación necesaria, teniendo grandes posibilidades de caer en alguno de los principales problemas que acompleja a la sociedad, el embarazo adolescente y las enfermedades de transmisión sexual.

Cifras indican que hubo un alza en el embarazo adolescente entre 2005 y 2009, teniendo un quiebre en 2010 con una cifra de 155 nacimientos por 1000 vivos (situación actual del embarazo adolescente en Chile, MINSAL, 2013). Asimismo, las cifras de embarazo adolescente son más altas en comunas de menor ingreso socioeconómico, teniendo por causa la inequidad social y económica, así como también
factores culturales. Como consecuencia, problemas secundarios aparecen: deserción escolar antes o después del embarazo, inserción precaria en el sistema laboral y la posible existencia de un vínculo con la transmisión intergeneracional de patrones de maternidad adolescente.

Es inevitable al hablar de esta temática, mencionar el aborto. Teniendo un inicio en la actividad sexual promedio de 16,4 en hombres y 17,1 en mujeres (2013), no cabe duda de que el aborto es una materia sensible. Palabras como las de la ex ministra de salud Helia Molina, en la cual asegura que en clínicas “cuicas”, padres tienen la posibilidad de realizar abortos a sus hijas, deja en evidencia como el aborto es
un hecho real y latente en el país.

Es de conocimiento público, el hecho de que en Chile se realizan abortos a diario, pero no con las condiciones de seguridad e higiene apropiadas, y gracias a la aprobación de las 3 causales (peligro de vida de la madre, inviabilidad del feto y violación), las mujeres tendrán mejores oportunidades del cuidado de su cuerpo y salud evitando mayores complicaciones, permitiéndoseles una buena atención. Todos los conflictos en torno al embarazo adolescente tienen un claro desenlace: la pobreza. De las
inequidades, la deserción escolar y la inserción laboral, se genera un decaimiento en la calidad de vida de las personas, y con ello, el desmedro de su salud, debido a la necesidad de realizar estos procedimientos y no contar con los recursos necesarios para ello.

Por otra parte, la falta de educación y salud sexual tiene un efecto en las ETS. Casos de VIH han aumentado en un 96%, en el rango etario de 15 a 25 años en 2017, cifras alarmantes y señales de que se ha perdido total control sobre esta enfermedad en el país, ya que la mortalidad por esta enfermedad duplica el promedio mundial.

Las problemáticas en esta materia están incluso dentro del marco de las metas del objetivo 3, como ejemplo, el de poner fin a epidemias de SIDA, combatir hepatitis, garantizar el acceso universal a los servicios de salud sexual y reproductiva e información y educación sexual. Atacar las barreras de educación, mejora la calidad de vida de las personas en otros ámbitos, ya que se estará entregando una educación de mejor calidad, se estarán dando herramientas para combatir el hambre y la pobreza y obtener posibilidades de acceso a un trabajo decente y de crecimiento económico (objetivos 4, 2, 1 y 8 respectivamente), siendo en su conjunto, un medio para mejorar los estándares de vida de la población, mejorando su situación económica y social.

El centralismo de la salud chilena

Llegado este punto, Claudia puede evidenciar nuevos problemas que se agregan a los que ya tuvo que vivir. Luego de contactarse con su familia, la cual vive en un pequeño pueblo al sur del país y es de difícil acceso, se entera de noticias preocupantes. Su abuelo, que, por su avanzada edad, ya cuenta con una movilidad reducida, debe viajar a Santiago puesto que debe realizarse unos exámenes que solo en la capital puede ser realizada, debido que el equipo y especialista requerido se encuentra allá únicamente; estos exámenes son de suma importancia y lleva meses esperando poder realizar, sin embargo, su traslado a la ciudad es complicado dados sus bajos recursos, siendo esta una barrera para poder atenderse. Deberá incurrir en un gasto por su traslado a la ciudad y estadía en Santiago dado que no puede realizar el viaje en un sólo día. Deberá contemplar el tiempo en que los resultados estén listos y así, pagar el alto precio del procedimiento y en adición, el alto precio por sus remedios que probablemente, no encuentre a la

venta en el pueblo donde él vive.

Ese es uno de los puntos donde se refleja claramente el centralismo persistente del país, en el cual, la salud pública es la principal perjudicada, debido a que estas unidades de atención se ubican principalmente en los centros urbanos, sobre todo en las grandes ciudades, llegando al extremo en donde, algunos procedimientos o especialistas específicos ni siquiera son posibles de encontrar en capitales
regionales, de modo que las personas se ven en la obligación de realizar un viaje a Santiago, incurriendo en los gastos que ello implica.

Así es como la vida debe asentarse alrededor de las urbes, dado que inclusive las periferias de estas grandes ciudades se ven perjudicadas por las grandes distancias que deben recorrer a los centros asistenciales, acentuando los conflictos económicos que afectan a las familias, sin olvidar que las personas en esta situación además deben lidiar con los mismos problemas que han sido mencionados a lo largo del escrito.

Es necesario dejar en claro que este tema en particular atenta más aún contra la meta de una cobertura sanitaria universal y acceso a medicamentos y vacunas seguros, eficaces, asequibles y de calidad, visto que es notoria la falta de cobertura de equipos, medicamentos y especialistas a las regiones, profundizando la desigualdad, ahora como consecuencia de la ubicación geográfica y sistema de división política del país.

Conclusiones
Como se ha mencionado a lo largo del escrito, la desigualdad es la enfermedad que hay que erradicar: diferencias en el sistema de atención hospitalaria, donde en el sistema público se presentan crisis todos los años debido a la congestión, la cual el sistema privado cuenta con numeradas soluciones que son conseguidas con un pago considerablemente superior. De allí, las diferencia en la accesibilidad a la atención, del cual el sistema público, Fonasa, se encuentra colapsado, donde por pagos adicionales se puede acceder al sistema más básico de una Isapre que, probablemente, sea inconveniente adquirir, viéndose en la obligación de afiliarse a Fonasa, sufriendo de problemáticas e impedimentos como lo es el diagnóstico de una enfermedad preexistente.

En adición a las desigualdades detalladas, se incluyen las de género que se traduce también en desigualdades económicas. Mujeres que sufren de discriminación por encontrarse en edad fértil, deberán someterse a planes más caros, con copagos que sobrepasan un 4,6% el de un varón y con menor cobertura, teniendo como consecuencia el impedimento para que ellas puedan cotizar en Isapre y tengan acceso a un servicio de mayor calidad.

Algo ya más arraigado a la sociedad es el mencionado conflicto en diferencias de calidad de educación, momento en el cual, la educación sexual tiene un papel protagónico. Las altas cifras de embarazo adolescente y la actual crisis por el aumento de diagnóstico de VIH podrían ser atacadas de manera intensa si la educación cumpliera con su papel en la edad temprana de los jóvenes. Problemáticas como
la deserción escolar; la precaria inserción laboral; y la transición intergeneracional de embarazo adolescente, podrían ser drásticamente reducidos mejorando el nivel educativo nacional.

Las desigualdades ven incrementadas, si la persona se encuentra lejos de la capital y no cuenta con servicios de atención cercanos, donde existirá una deficiencia de equipos, medicamentos y especialistas, aumentando el nivel de gastos que deba incurrir la familia por el traslado y estadía que deba pagar para poder atenderse, aumentando así, las inequidades sociales y económicas de la población.
Así, con lo expuesto es que se está actuando en desmedro de los objetivos de desarrollo sostenibles planteados en 2015: sobre el ODS 3, se tiene descuidada la meta de una cobertura sanitaria universal y protección contra riesgos financieros; la meta de acceso a salud sexual y reproductiva e información y educación sexual; poner fin a epidemias de SIDA y el combate de la hepatitis; se actúa también, en contra
del objetivo 5 notando la clara discriminación que sufren las mujeres en el sistema de Isapre. Todas estas desigualdades tienen como consecuencia, el aumento de la pobreza y el hambre y la posibilidad de tener acceso a un trabajo decente, objetivos 2, 1 y 8 respectivamente.

Es así, como finalmente, el incumplimiento al objetivo 10 es la principal causa de los problemas de salud que acongoja a Chile, puesto que ha quedado en evidencia cómo las desigualdades son observables en cada aspecto del sistema y en distintas dimensiones, llegando incluso a ser una desigualdad discriminatoria con el sexo femenino y gente que vive en pueblos alejados y/o de difícil acceso.

Estas desigualdades tienen como claro efecto una disminución en la situación económica de las personas, puesto que la mantención de una buena salud y bienestar no es un bien que pueda ser evitado, sino más bien un derecho el cual es esencial para la supervivencia de las personas de modo que los gastos que las familias deben realizar es algo inevitable. Es así como puede deducirse, que el aumento de la situación económica de las familias, y la reducción de las desigualdades es la solución más directa a la situación de salud chilena. Conjuntamente, se puede derivar que el aumento de ingresos económicos de las personas va de la mano con una mejor educación, que les permitan acceder a mejores trabajos y con ello mejores sueldos, mejorando así, no solo la salud de las familias, sino que también, el bienestar general de ellas y así, una mejora en la calidad de vida y una vida más alegre y amena para la sociedad.

Referencias